El deber de organización en Compliance de las personas jurídicas, y la responsabilidad del administrador concursal

Compliance

El deber de organización en compliance de la persona jurídica

Este deber de las personas jurídicas se regula en el artículo 31bis CP

  • Destinatario inmediato de dicho deber : Las personas jurídicas
  • Destinatario mediato de dicho deber :Los administradores sociales y concursales en cuanto personas físicas que actúan la capacidad de obrar de la persona jurídica y configuran su estructura organizativa ( la organizan )

El deber de organizar la persona jurídica administrada en compliance ( art.31bis CP )

  • Forma parte tras la entrada en vigor del artículo 31bis del CP del contenido del deber de diligencia de los administradores concursales genéricamente formulado en el artículo 35 de la Ley Concursal

-En consecuencia, supone un nuevo deber legal de obligado cumplimiento para los administradores concursales

-El incumplimiento culpable de dicho deber llevar podrá llevar aparejadas responsabilidades civiles ilimitadas de carácter indemnizatorio para los administradores concursales por infracción de ley ( art. 36 LC )

-El incumplimiento doloso de dicho deber podrá llevar aparejada la responsabilidad penal del administrador concursal por delito de malversación de caudales públicos en la modalidad de administración desleal. El hecho de que el administrador concursal pueda ser sujeto activo del delito de malversación es consecuencia del carácter parcialmente jurídico-público de la función que desarrolla. 

Fundamentos de la responsabilidad penal de la persona jurídica:

  • Combatir eficazmente el fenómeno de la irresponsabilidad organizada en el marco de la criminalidad de empresa
  • Mejorar, al menor coste posible, la capacidad competitiva de las empresas en el ámbito nacional a través de la reducción de la criminalidad de empresa.

El Estado ha delegado en las personas jurídicas la capacidad de autorregular los riesgos jurídico- penales

derivados de su actividad empresarial, y exige  a dichas personas jurídicas un determinado resultado preventivo/ reactivo– a través de sancionar penalmente a aquellas compañías que no obtengan dichos resultados. Con lo anteriormente expuesto se puede concluir que la persona jurídica será plenamente responsable cuando a consecuencia de una defectuosa o no transparente estructura organizativa, favorezca o incentive el riesgo de comisión de determinados delitos que le beneficien por parte de personas físicas integradas en la misma, siempre que finalmente se materializase dicho riesgo en la producción de un concreto resultado delictivo.

El administrador concursal, -en cuanto tiene otorgadas facultades que le permiten determinar y configurar la estructura organizativa de la persona jurídica concursada, y facultades que le permiten dirigir o intervenir decisivamente en la dirección efectiva y actuación de la persona jurídica concursada-, tiene a su vez el deber ( derivado implícitamente del artículo 31bis CP ) de organizar en compliance a la persona jurídica para evitarle riesgos de incurrir en responsabilidad penal.

  • El incumplimiento de dicho deber en el marco de sus competencias y funciones constituye el presupuesto desencadenante de la responsabilidad civil y/o penal del administrador concursal.

La prevención de la responsabilidad penal:

1) Si el administrador concursal descubre que la persona jurídica estaba mal organizada y dicho defecto de organización fue aprovechado por una persona física vinculada a dicha persona jurídica para cometer un delito en su provecho. En este caso dentro del marco de su deber de diligencia desarrollará las siguientes actuaciones :

  • a) Deberá recabar con la mayor celeridad posible todos los medios de prueba posibles que objetiva e idóneamente contribuyan a descubrir el delito, identificar a responsables y recuperar los efectos del delito.
  • b) Deberá aportar esos medios de prueba y denunciar el delito a la mayor brevedad posible a las autoridades de persecución penal.
  • c) Con dicha conducta, el administrador concursal tratará de conseguir la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica o atenuar dicha responsabilidad en el mayor grado posible, minimizando así los perjuicios patrimoniales para la masa del concurso.

2) Si el administrador concursal descubre que la persona jurídica estaba mal organizada pero que dicho defecto de organización no ha sido aprovechado por una persona física vinculada a dicha persona jurídica para cometer un delito. En este caso el administrador concursal dentro del marco de su deber de diligencia desarrollará las siguientes actuaciones :

  • a) Deberá alertar sobre la existencia del defecto de organización ( especialmente en los supuestos de régimen de intervención ) y tratar de corregirlo.
  • b) En consecuencia, deberá promover una estructura organizativa de la persona jurídica concursada que no favorezca la comisión de delitos por parte de las personas físicas vinculadas a la misma.
  • c) Posteriormente, una vez implantados esos sistemas de transparencia y vigilancia, procederá posteriormente a revisar su eficacia de modo periódico

El incumplimiento generalizado y doloso de dichos deberes de organizar la persona jurídica concursada en compliance por

parte del administrador concursal podría dar lugar a su responsabilidad penal por delito de malversación en la modalidad de administración desleal en caso de que concurra la siguiente circunstancia : Perjuicio para la masa concursal o los intereses de los acreedores derivados de la imputación penal o de la sanción penal ( multa ) impuesta a la persona jurídica concursada – En este caso, la responsabilidad civil ex-delicto del administrador  concursal cubriría la totalidad de esos perjuicios.

Enlaces de interés:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444